Consiste en la protección de las garantías jurídicas que tiene toda persona sujeta a un proceso penal, a través de un defensor público.

El derecho a la defensa técnica es irrenunciable y un derecho inviolable.

En cumplimiento a lo dispuesto el Artículo 20 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, toda persona tiene derecho a accesar al servicio de Defensoría Pública, a contar con una representación jurídica a cargo del Estado y a tener libre comunicación con su abogado, así como a que se presuma su inocencia y se le trate como tal mientras exista una sentencia.

La Defensa Penal es una garantía individual gratuita y debe brindarse en cualquier actuación policial, ministerial o judicial.